La Ley de Inclusión en Chile, formalmente conocida como la Ley N° 21.015, promulgada en el año 2017, establece la obligación para aquellas empresas, públicas o privadas que posean una dotación de 100 o más trabajadores, de contar con un porcentaje mínimo de trabajadores con discapacidad. La ley busca promover la inclusión laboral de personas con discapacidad, ofreciendo así igualdad de oportunidades y fomentando un ambiente laboral diverso y enriquecedor.
Por su parte, las medidas alternativas de cumplimiento son opciones que la ley ofrece a las empresas para cumplir con sus objetivos de inclusión, sin necesariamente contratar directamente a personas con discapacidad. Estas medidas son especialmente relevantes para aquellas empresas que, por la naturaleza de sus operaciones o por otros factores, encuentran dificultades para integrar directamente a personas con discapacidad en su fuerza laboral.
Las alternativas que la Ley 21.015 entrega son las siguientes:
Entendiéndose con ello, aquellas empresas que han cumplido con el número de trabajadores en situación de discapacidad que requieren en función de su dotación. Las empresas pueden optar por contratar servicios de empresas que son reconocidas por su labor inclusiva. Para poder optar por esta medida, la empresa debe contratar una equivalencia de 24 ingresos mínimos por cada trabajador de inclusión que requiera por dotación, a enero de 2024, este monto asciende a la suma de $11.040.000.
Otra opción es realizar donaciones a organizaciones sin fines de lucro que trabajan por la inclusión laboral de personas con discapacidad. Estas donaciones deben ser específicamente destinadas a proyectos o programas que fomenten la inclusión laboral y deben ascender a una suma no inferior a 24 ingresos mínimos por cada trabajador que se requiera contratar en función de la dotación de la empresa que desea cumplir alternativamente.
Hay un hecho que la regulación actual en esta materia no contempla adecuadamente, que es la circunstancia de la dificultad de encontrar postulantes que cumplan con los requisitos contenidos en la Ley a fin de poder ser considerados dentro del porcentaje de trabajadores en situación de discapacidad.
Dado lo anterior, las medidas alternativas no solo ayudan a las empresas a cumplir con la ley, sino que también fomentan un ecosistema de inclusión más amplio. Contribuyen al desarrollo de habilidades en la población con discapacidad, promueven la creación y crecimiento de empresas inclusivas y fortalecen a las organizaciones que trabajan directamente en este ámbito.
Para implementar estas medidas, las empresas deben seguir los lineamientos establecidos por la Dirección del Trabajo, que incluyen aspectos como montos mínimos de donación, características de los programas de formación, y criterios para la selección de empresas inclusivas. El cumplimiento se supervisa a través de informes y auditorías regulares, asegurando la efectividad y sinceridad del compromiso de la empresa con la inclusión.
Las medidas alternativas de cumplimiento en la Ley de Inclusión de Chile representan una ruta flexible y efectiva para que las empresas contribuyan al objetivo de inclusión laboral. Estas medidas permiten a las empresas ser parte activa en la creación de una sociedad más inclusiva, incluso cuando la contratación directa no es viable. Con estas opciones, la Ley de Inclusión se posiciona como un instrumento versátil y adaptativo en la búsqueda de igualdad de oportunidades laborales para todos.
