El Registro Nacional de la Discapacidad (RND), administrado por el Registro Civil e Identificación, es un sistema clave para acreditar oficialmente la condición de discapacidad en Chile. Esta acreditación se obtiene mediante la credencial de discapacidad, la cual es entregada tras un proceso de evaluación multidisciplinaria, conforme a los estándares establecidos en la legislación nacional.
Para las empresas, especialmente aquellas que buscan cumplir con la Ley de Inclusión Laboral (Ley 21.015), contar con colaboradores que tengan su credencial de discapacidad puede significar no solo un beneficio para los trabajadores, sino también una ventaja estratégica en términos de cumplimiento normativo. Esta ley establece que las empresas deben contratar un porcentaje determinado de personas con discapacidad o asignatarios de pensión de invalidez, por lo que incluir a este grupo dentro de la fuerza laboral es una oportunidad tanto social como legal.
La tercerización de servicios es una opción para apoyar el cumplimiento de esta normativa, pues las agencias, proporcionando personal en situación de discapacidad a las empresas, las ayudan a completar el número de personas contratadas establecido por ley.
Beneficios para personas en situación de discapacidad
Contar con la Credencial de Discapacidad trae consigo diversos beneficios adicionales. Uno de los principales beneficios es el acceso a programas sociales y subsidios, como subsidios habitacionales, apoyos económicos y programas de rehabilitación, lo que puede mejorar la calidad de vida de los colaboradores en situación de discapacidad. Igualmente, quienes cuenten con la credencial pueden solicitar ayudas adicionales a través de la Calificación Socioeconómica del Registro Social de Hogares.
En términos de accesibilidad, el Registro Nacional de la Discapacidad garantiza a las personas con discapacidad prioridad en la atención tanto en servicios públicos como privados. Este beneficio también puede extenderse a los entornos laborales, donde se debe facilitar la adaptación de puestos de trabajo según lo dictado por la Ley de Inclusión. En este contexto, las empresas deben estar preparadas para ofrecer ajustes razonables en el entorno laboral, lo que incluye adaptaciones en infraestructura y horarios flexibles.
El acceso a educación superior también está garantizado para las personas con discapacidad que cuenten con la Credencial de Discapacidad, permitiendo que puedan solicitar los ajustes necesarios para las pruebas de acceso y adaptaciones en los programas educativos. Además, quienes cuenten con la credencial tienen derecho a estacionamientos exclusivos para personas con discapacidad, así como beneficios relacionados con la importación de vehículos y la exención de restricción vehicular en la Región Metropolitana.
Para las empresas, contratar personal con discapacidad va más allá del cumplimiento normativo. El promover la inclusión y la diversidad no solo mejora el ambiente de trabajo, sino que también responde a las demandas sociales de un mercado cada vez más concienciado con la responsabilidad corporativa. Además, contar con colaboradores que acceden a estos beneficios sociales y laborales fortalece la relación entre las empresas y sus clientes, quienes valoran las políticas inclusivas como un reflejo de compromiso social.
